Como parte de las materias que venimos profundizando en la Segunda Especialidad en Transformación Digital y Gobierno Electrónico en la Universidad César Vallejo (UCV), la regulación sobre tecnologías exponenciales ocupa un espacio central. Integrar la inteligencia artificial en el aparato público peruano ha dejado de ser un debate futurista o un simple experimento de laboratorio informático para transformarse en un mandato legal riguroso y estructurado.
Marco normativo de la Inteligencia Artificial en el sector público peruano
La base jurídica que orienta este despliegue se consolidó inicialmente con la Ley N.° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. No obstante, el salto definitivo hacia la exigibilidad operativa llegó con la aprobación de su reglamento mediante el Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM, el cual convierte los principios generales en obligaciones concretas, vinculantes y medibles para todas las entidades de la administración pública.
A partir de este marco, incorporar sistemas algorítmicos ya no equivale a adquirir licencias o contratar software aislado. El reglamento impone obligaciones institucionales que abarcan:
Diseño de una política institucional interna para el uso seguro, responsable y ético de la tecnología algorítmica.
Gobernanza y aseguramiento de la calidad de los datos a lo largo de todo su ciclo de vida.
Conformación de equipos multidisciplinarios y desarrollo sostenido de capacidades institucionales.
Seguridad y privacidad desde el diseño, asegurando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.
Evaluación técnica y gestión continua de riesgos, garantizando la trazabilidad y la transparencia algorítmica.
Supervisión humana obligatoria, particularmente indispensable en sistemas clasificados como de alto riesgo.
Alineamiento directo e integración de cada iniciativa dentro de los instrumentos de planificación del Gobierno Digital de la entidad.
De implementar herramientas a gobernar la tecnología en salud pública
En la gestión cotidiana de servicios públicos, particularmente en el sector salud donde manejamos información altamente sensible de los pacientes, este cambio de paradigma normativo cobra una dimensión crítica. Durante mucho tiempo, la inercia institucional nos llevaba a preguntarnos si era técnicamente viable comprar o instalar una herramienta basada en algoritmos. Hoy, el estándar regulatorio nos exige demostrar si su uso es verdaderamente necesario, seguro, trazable, responsable y plenamente respetuoso de los derechos fundamentales de las personas.
Gobernar la tecnología implica entender que los proyectos no pueden depender exclusivamente de las oficinas de Tecnologías de la Información (TI). La gobernanza institucional exige sentar en la misma mesa a los equipos asistenciales y misionales, asesores jurídicos, especialistas en datos, responsables de ciberseguridad y directivos de gestión pública. El verdadero punto de partida nunca debe ser el algoritmo por sí mismo, sino el problema público específico que se busca resolver con evidencia para generar valor social genuino.
El verdadero desafío de la transformación digital estatal radica precisamente en transitar desde la mera adopción tecnológica hacia una gobernanza integral y ética, donde cada solución cuente con salvaguardas que protejan a la ciudadanía antes de entrar en producción.
¿Está preparada tu entidad para gobernar el uso de Inteligencia Artificial?